Lo último de Cajar

Se inició juicio contra suboficial de Inteligencia Militar por asesinato de sindicalista

Se inició juicio contra suboficial de Inteligencia Militar por asesinato de sindicalista

Este lunes 2 de febrero de 2015, se inició el juicio al suboficial de inteligencia del Ejército Fredy Francisco Espitia Espinosa, asesor de comando en la escuela de Inteligencia Brigadier Charry Solano por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio agravado en concurso con concierto para delinquir en el caso del sindicalista e integrante de la Unión Patriótica, UP, Jorge Darío Hoyos, asesinado en Fusagasugá el día 3 de marzo del 2001. El esclarecimiento de la verdad histórica del crimen contra el sindicalista Jorge Darío Hoyos debe llegar hasta sus máximos responsables, y contribuir a su vez a la verdad histórica de la violencia antisindical y el exterminio de la UP en Colombia.

¡El avance hacia la paz es una cuestión de garantías!: Plataformas de DH y Paz

¡El avance hacia la paz es una cuestión de garantías!: Plataformas de DH y Paz

Bogotá 22 de enero de 2015. El 2015 inició con una nueva ola de panfletos amenazantes contra reconocidos y reconocidas dirigentes políticos, defensores y defensoras de derechos humanos, reclamantes de tierras, líderes y lideresas sociales. Estas acciones amenazantes se dirigen contra personas y organizaciones que realizan un trabajo por la construcción de paz, defensa de los derechos humanos y defensa del territorio. Uno de los casos que refleja la gravedad del riesgo que pesa sobre estos sectores, es el del abogado José Humberto Torres, quien además de figurar de manera reiterada en varios de los panfletos, es el blanco de un plan criminal para acabar con su vida, fraguado presuntamente por paramilitares recluidos en la Cárcel de Barranquilla, entre los que figura Yonnis Rafael Acosta Garizabalo “alias 28”.

Policía publica reconocimiento de responsabilidad en condiciones no satisfactorias para familia de joven asesinado

Policía publica reconocimiento de responsabilidad en condiciones no satisfactorias para familia de joven asesinado

El pasado mes de agosto de 2014, la Policía Nacional publicó una nota de prensa en el diario EL TIEMPO reconociendo su responsabilidad en la muerte del joven Manuel Edgardo Álvarez Silva, en cumplimiento de una sentencia del Consejo de Estado de abril de 2013. Después de 14 años de impunidad, este paso en la justicia se vio empañado por el hecho de que, después de un año de emitida la sentencia, la Policía hizo la publicación en condiciones no satisfactorias para la familia. A continuación, reproducimos el texto que la familia aprobó para honrar la memoria de su ser querido:

Ejemplar sentencia del Consejo de Estado en materia de reparación integral a víctimas de tortura y desaparición forzada en Murillo, Tolima

Ejemplar sentencia del Consejo de Estado en materia de reparación integral a víctimas de tortura y desaparición forzada en Murillo, Tolima

Esta sentencia constituye un gran precedente en materia del derecho a la Reparación Integral a las víctimas, puesto que, además de condenar a las entidades responsables de éste crimen al pago de los perjuicios inmateriales en modalidad de daño moral, el alto tribunal de lo contencioso administrativo reconoce a favor de las víctimas una serie de medidas de carácter no pecuniario, en atención a los criterios que, a nivel del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, se han consolidado como mínimos del derecho a la reparación. Dentro de las medidas ordenadas por parte del Consejo de Estado se encuentran:

Sentencia Tribunal Ético y Político: Agresión Minera en La Guajira

Sentencia Tribunal Ético y Político: Agresión Minera en La Guajira

Como respuesta a la imposibilidad histórica de acceder a la justicia y de enjuiciar las acciones equivalentes a violaciones de derechos humanos fundamentales, asociadas a la implementación de mega-proyectos mineros, este Tribunal representa un ejercicio de justicia popular, que busca avanzar en la construcción de caminos de justicia para los pueblos de La Guajira, ofreciendo un espacio para escuchar y visibilizar los conocimientos sobre los impactos vividos por parte de las comunidades indígenas, campesinas y afro descendientes del Sur de la Guajira. La sentencia del Tribunal Ético y Político: Agresión minera en la Guajira refleja el análisis y las constataciones de las comunidades y los y las jueces con respecto a los graves impactos que ha generado la explotación irrestricta del carbón en la Guajira.

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Comunicado a la opinión pública de las delegaciones de víctimas que estuvieron en La Habana

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El Acuerdo sobre Justicia, así como el de creación de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición, abren la oportunidad histórica para que se de un reconocimiento pleno de las responsabilidades, desde el Estado, las FARC, y todos los grupos y personas involucrados con el conflicto. Por ello, su éxito depende del compromiso serio con la verdad y con las correspondientes reformas necesarias para que se concrete el Nunca Más. Con base en el mismo, exigimos que con la mayor celeridad se avance en lograr un acuerdo integral en el tema de víctimas, siendo necesario acuerdos prontos en el tema de reparación y garantías de no repetición.

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José Alvear Restrepo

Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: “Conflictos…

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El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –CAJAR es una Organización No Gubernamental sin ánimo de lucro, defensora de Derechos Humanos en Colombia. En el año de 1980 adquiere su personería jurídica convirtiéndose en una de las primeras organizaciones defensoras de Derechos Humanos en Colombia compuesta por abogados y abogadas. Cuenta con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos, OEA, ante la ONU.

Defiende y promueve integralmente los derechos humanos, los derechos ambientales y los derechos de los pueblos, desde una perspectiva de indivisibilidad e interdependencia, con el objetivo de contribuir a la construcción de una sociedad justa y equitativa en la perspectiva de la inclusión política, económica, social y cultural.

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