En el transcurso del día las personas detenidas ascendían a 15.Desde la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, manifestamos nuestra preocupación ante
con este nuevo caso de detención masiva en que se sindica a lideres sociales de pertenecer a la guerrilla y cometer actos terroristas. Lo que observamos es una persecución política, dado que las personas capturadas como sospechosas son jóvenes destacados dirigentes sociales y estudiantiles, miembros en su mayoría, del Congreso de los Pueblos a quienes sin indicios ni pruebas se les condena públicamente de ser miembros de grupos guerrilleros.

En diferentes medios se caracterizó a los supuestos terroristas, presentando como indicios de sus actividades criminales el hecho de estudiar o haber estudiado en universidades públicas; de ser dirigentes estudiantiles o barriales, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos; de pertenecer al Congreso de los Pueblos, o de tener vínculos laborales con la administración distrital. Sus actividades, junto con las publicaciones de estas personas en redes sociales, fueron suficientes para que fueran expuestas públicamente, sin consideración a sus familias, ni a sus derechos y garantías judiciales.

Este accionar de las autoridades es lo que se conoce como “falsos positivos judiciales” que son sistemáticos montajes judiciales contra dirigentes del movimiento social y población civil en general en el afán de mostrar resultados. Según datos del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, estos “falsos positivos judiciales” han representado más de 13.000 demandas administrativas al Estado por errores judiciales, lo que compromete cerca de 27 billones de pesos del presupuesto nacional.