El pasado 17 de Octubre, la Sala Penal de decisión del Tribunal Superior de Antioquia emitió fallo de segunda instancia contra Jhonatan Andrés Coronado Prada, aumentando la pena a 40 años de prisión al considerarlo coautor del homicidio en persona protegida del campesino Aicardo Antonio Ortiz Tobón. Coronado Prada fue el civil que trabajaba como informante y guía del ejército nacional y quien llevó a los militares hasta la humilde morada del campesino donde fue ejecutado extrajudicialmente.

El último reporte en el departamento del putumayo ha dado a conocer que solo en Puerto Asís en los últimos 3 meses de este año se han dado 74 muertes violentas, situación que ha persistido en los municipios de Orito, Valle del Guamuez, Villagarzón, Puerto Caicedo, en estos eventos han caído varios dirigentes comunitarios, que han venido protestando por las injusticias sociales del gobierno. La pregunta para el gobierno es, con tanta fuerza pública vinculada para la seguridad ciudadana y defensa del pueblo, de donde viene tanto asesinato.

Según el decreto 870 por el cual se regula un espacio de interlocución y participación con las organizaciones de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular que se denomina mesa única nacional, el gobierno nacional adquirió el compromiso de reanudar las mesas regionales y sectoriales de interlocución y acuerdo con organizaciones campesinas, afros e indígenas que hacen parte de la Cumbre Agraria. Los voceros de la Cumbre Agraria concertaron con el gobierno una agenda de reinicio de las mesas en el Catatumbo, el Cauca, Antioquia, Sur de Bolívar, centro y sur del Cesar y Arauca. El gobierno posteriormente hizo una propuesta de realizar una sola sesión de trabajo en lo que queda del año. Esta propuesta gubernamental es un claro incumplimiento a los compromisos adquiridos con estas mesas después de los paros campesinos en esas regiones y con la Cumbre Agraria según consta en el decreto.