I. Defensa de los Derechos Humanos: un trabajo peligroso
Trabajar a favor de los derechos humanos en Colombia sigue siendo peligroso. A lo largo de los años, muchos defensores perdieron la vida, otros tuvieron que exiliarse y casi todos han tenido que aprender a convivir con el miedo.
En 2011, la Oficina siguió registrando casos de asesinatos, detenciones de defensores sin suficiente fundamento jurídico y robo de información.
Las amenazas por medio de correo electrónico y panfletos en contra de defensores de derechos humanos son recurrentes y afectan a organizaciones sociales en muchos departamentos del país.
En la mayoría de los casos la autoría de las amenazas ha sido atribuida a grupos surgidos tras la desmovilización de los AUC como Los Rastrojos, las Águilas Negras, el ERPAC. En otras situaciones, la autoría no está clara y existen indicios que apuntan hacia la participación de agentes estatales. Ante lo que observamos en las regiones, afirmamos una vez más, que las defensoras y los defensores de derechos humanos siguen en una preocupante situación de vulnerabilidad y llamamos al Estado colombiano a incrementar sus esfuerzos para garantizar que su labor se desarrolle libre de amenazas y peligros. Reflexionar sobre el rol y los retos de los defensores y defensoras de los derechos humanos es un reto, dada la heterogeneidad de las organizaciones y personas que se dedican a la promoción y protección de los derechos humanos y las complejas temáticas con las que tratan.
En la realización de nuestro mandato, aplicamos un concepto amplio sobre quienes son defensores y defensoras de DDHH: son los activistas, los miembros de organizaciones de la sociedad civil, los líderes comunitarios, los reclamantes de tierras, los sindicalistas y periodistas y los abogados de derechos humanos.
También los Magistrados de las Altas Cortes, los Fiscales que llevan procesos difíciles, los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, los personeros y los funcionarios que trabajan para los derechos humanos en las instituciones gubernamentales. Nuestro concepto de defensores incluye a los parlamentarios que buscan fortalecer los derechos en la legislación nacional.
Todos ellos trabajan en condiciones complicadas, difíciles, llenas de presiones y conflictos.
Trabajando para los derechos humanos muchas veces arriesgan su vida personal, comprometen su vida social y su carrera profesional.
Las precarias condiciones de trabajo para defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia no son algo nuevo. Han perdurado durante las décadas pasadas y parecen ser estructurales.
Desde su creación en 1997, la Oficina acompaño a las y los Defensores de Derechos Humanos, pidiendo respeto por su labor y recomendando al Estado Colombiano mejores garantías para su trabajo.
Por ejemplo, en su primer informe a la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra sobre la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en Colombia en el año 1997 la Alta Comisionada recomendó:
“La Alta Comisionada recomienda a las autoridades colombianas que hagan efectivo el reconocimiento del derecho de los defensores de los derechos humanos a desarrollar sus actividades sin injerencias ni impedimentos ilegítimos, y en condiciones de plena seguridad para su vida, su integridad y su libertad.” (Párrafo 204)
En los años siguientes la Alta Comisionada siguió expresándose en la misma tónica.
Mejorar las condiciones de trabajo para las y los defensores requiere un largo aliento, mucha voluntad política e instituciones estatales fuertes. Estamos conscientes que estos cambios no se lograran de la noche a la mañana.
II. Los programas de protección
Reconocemos que la inversión del Estado Colombiano en la protección es considerable. No existen muchos Estados en el mundo con semejante esfuerzo. Colombia invierte cada año alrededor de 334.000 millones COP en 10 programas de protección. El más importante es el programa de protección de Ministerio del Interior que protege más de 10.000 personas en situación de especial vulnerabilidad.
Recientemente, el Gobierno unificó los programas de protección del Ministerio del Interior y del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), bajo una nueva Unidad Administrativa Especial .
La Oficina saluda esta nueva agencia de protección. Esta agencia es el centro de una profunda reforma del sistema nacional de protección, algo, que la Alta Comisionada ha recomendado desde hace muchos años. Ofrecemos a la nueva agencia nacional de protección nuestro apoyo técnico y nuestro acompañamiento para avanzar con las reformas.
Es importante que esta nueva Unidad coordine esfuerzos con los demás programas de protección del Estado y – sobre todo – con los entes territoriales.
Una protección más efectiva de los defensores de DDHH dependerá mucho de la estrecha cooperación entre la nueva agencia nacional y las autoridades departamentales y municipales.
Además, otros retos pendientes son por ejemplo, la efectiva implementación del enfoque diferencial, superar las demoras en la realización de los estudios de riesgo y en la aplicación de las medidas de protección y ajustarlas a las necesidades de las y los peticionarios, teniendo en cuenta su opinión.
Un ejemplo de las dramáticas consecuencias de deficiencias en el sistema de análisis de riesgo es el homicidio en enero del personero de Aguadas (Caldas), cuyo estudio de riesgo no recomendó medidas de protección.
La nueva agencia nacional de protección es un avance importante.
Al mismo tiempo hay que subrayar: la protección “física” no basta. Para ser efectiva, la protección de las personas en riesgo debe ser acompañando de investigaciones judiciales y acciones disciplinarias contundentes contra las personas y organizaciones que son hostiles hacia los defensores, sean funcionarios públicos o miembros de grupos al margen de la ley.
Asimismo, es necesario que altos funcionarios estatales reiteren públicamente su apoyo a las y los defensoras y defensores de derechos humanos, como fórmula para contrarrestar declaraciones y manifestaciones que con frecuencia cuestionan la legitimidad de su trabajo.
En esto no hay suficientes avances. No conocemos casos de dictámenes disciplinarios por parte de la Procuraduría General de Nación en contra de funcionarios públicos que estigmatizan a defensores de DDHH.
Además observamos ciertas inconsistencias en las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, que actúa rápido cuando un defensor de derechos humanos es acusado de rebelión pero reacciona lentamente ante denuncias de amenazas contra ellos.
III. El caso de Mapiripan
La defensa de los derechos humanos no es una labor ampliamente reconocida por la sociedad colombiana. En las encuestas de opinión la preocupación por las garantías de los derechos humanos figura entre los temas marginales.
Además, a lo largo de los años han abundado fuertes críticas y acusaciones contra personas y organizaciones que trabajan para los derechos humanos – en muchos casos de sectores provenientes de sectores muy determinados e identificables y que históricamente han tenido esta posición.
Se ha acusado a las organizaciones de derechos humanos de actuar como “brazo político” de las FARC, criticando a la Fuerza Pública y cerrando los ojos ante los crímenes de las FARC-EP y el ELN.
Altos funcionarios gubernamentales y militares han expresado su opinión, que los defensores de derechos humanos desatan una “guerra jurídica” contra la fuerza pública, que presentan “falsas acusaciones” para enlodar a la institución, bajar la moral de la tropa y lucrarse con el sufrimiento de las víctimas.
Críticas similares surgieron también con fuerza en las semanas pasadas en conexión con la masacre de Mapiripan, una masacre terrible para la cual el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la cual reiteradamente reconoció su responsabilidad.
Pocos días antes de la audiencia de Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los medios colombianos publicaron información según la cual nueve de las 20 víctimas de la masacre podrían estar vivas. Una de las testigos admitió que dio declaraciones falsas ante sus abogados, los fiscales y los jueces y que el Estado pagó una millonaria suma de reparación para víctimas de la masacre que al fin no eran tales.
Esta es una denuncia muy seria.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos condenó la utilización fraudulenta, que hubiera podido ocurrir en este caso, de los sistemas de protección de derechos humanos.
Hemos llamado a las autoridades judiciales para que investiguen, juzguen y sancionen cualquier persona que hubiera podido haber faltado a la verdad en sus declaraciones ante la Fiscalía General de la Nación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Al mismo tiempo, mi oficina subrayó que la posibilidad de un fraude no pone en duda la legítima labor de los órganos del sistema interamericano, ni el derecho de las víctimas y de sus representantes legales a utilizar los mecanismos internacionales cuya competencia Colombia ha aceptado.Hay que tomar muy en serio esta denuncia.
Pareciera que estamos ante un caso de una “falsa víctima” y esta falsa víctima recibió pagos considerables e injustos por parte del Estado Colombiano.
Es importante aclarar lo que paso, es importante compartir información verificada sobre este caso, es importante ser transparentes sobre el dinero que recibieron las víctimas y sus abogados y es importante hacer esto de cara a la opinión pública que quiere saber la verdad.
El hecho de que por muchos años, la cadena de instituciones y personas pudieron ser engañadas en un caso de tan alto perfil nos indica la necesidad de que el trabajo para los derechos humanos y las víctimas debe ser desempeñado de manera altamente rigurosa, tanto por el Estado como por la sociedad civil.
La aparición de falsas víctimas, de nuevas víctimas y las muchas víctimas no identificadas o el alto número de desaparecidos provocan preguntas referente a la calidad de investigación criminal de la Fiscalía General de la Nación en estos casos.
Fue el estado Colombiano por medio de la Fiscalía General de la Nación quien “certificó” a las víctimas que entraron en el proceso judicial y que fueron presentadas ante la justicia nacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Nos pareció sumamente positivo, que en la reciente audiencia privada la Corte Interamericana abrió el espacio para que el Estado Colombiano pueda presentar nuevas evidencias sobre las víctimas de Mapiripan.
La determinación clara de las víctimas, cuya dimensión exacta aún no se conoce, y de las personas que no lo son constituiría un aporte importante a la verdad, la justicia y la reparación efectiva.
Claro, la responsabilidad principal de reconocer o no judicialmente a las víctimas está en el Estado. Pero cuando surge un caso como este, un caso de una posible declaración falsa, las organizaciones que representan los intereses de las víctimas también deben preguntarse si han hecho suficiente esfuerzo para corroborar las versiones de sus clientes y proponer medidas para minimizar las posibilidades de ser engañados.
En mi opinión, el impacto de este escándalo va mucho más allá del caso Mapiripán – y llama a la reflexión de las organizaciones de derechos humanos.
Por eso creo que es sumamente importante, que las y los defensores de los derechos humanos analicen este caso con prudencia, transparencia y espíritu de análisis crítico.
Al mismo tiempo quiero dejar muy claro que me preocupan mucho los intentos de estigmatizar a las víctimas y de desprestigiar sus organizaciones, sus representantes y sus abogados en las semanas pasadas.
Hay mucho en juego!
Por eso me preocupan mucho los intentos de estigmatizar a las víctimas y de desprestigiar sus organizaciones, sus representantes y sus abogados.
Esta estigmatización busca debilitar a la ley de víctimas y restitución de tierras incluso antes de que comience su implementación y poner a la defensiva los más importantes aliados de la ley: las organizaciones de víctimas y de derechos humanos.
Es inaceptable que algunos sectores del país aparentemente busquen reescribir la historia y borrar de la memoria colectiva las múltiples graves violaciones de los derechos humanos y del DIH que pasaron en Colombia.
Espero que el foro de hoy pueda proveer un espacio de reflexión y análisis sobre este tema, sobre la difícil labor de las y los defensores y sobre su rol importante en el país.
Termino esta breve exposición, expresando el apoyo y la solidaridad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con los líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, dirigentes indígenas y afro descendientes y funcionarios y funcionarias públicos que realizan sus funciones a favor de los derechos humanos.
Muchas gracias por su atención.
