Desde finales de 2018, la FIDH, el CAJAR e I(dh)eas, se unieron en esta iniciativa “Contribuir a la disminución de la tasa de impunidad para casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en México y Colombia”, apoyada por la Unión Europea con el fin de contribuir a la disminución de la tasa de impunidad para casos de desapariciones forzadas (DF) y ejecuciones extrajudiciales (EE) ocurridos en México y Colombia entre el 2002 y el 2018 y fortalecer la institucionalidad para una mejor investigación, persecución, reconocimiento y reparación integral de esos crímenes, con base en los estándares internacionales, con una participación activa de las víctimas y sus representantes.

Para alcanzar esos objetivos se realizan distintas acciones: Documentación de casos y contextos; Acompañamiento jurídico y psicosocial de las víctimas; Evaluación, monitoreo e incidencia de la justicia ordinaria y de los “nuevos mecanismos” de justicia y Espacios de formación con enfoque psicosocial. Esta cartilla se inscribe en el esfuerzo de dotar a las víctimas y sus acompañantes de herramientas psicosociales para la atención de crisis y garantizar su adecuada participación en procesos de exigencia de derechos.

El proyecto “Organizaciones de DDHH, mujeres y pueblos indígenas construyendo la paz en Colombia - Fase II” financiado por la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo AVCD / Kultura, Communication, Desarrollo KCD-ONGD desde el año 2019 tiene como objetivo aumentar el acceso a la justicia, la protección y la reparación integral de las víctimas, líderes/esas y defensores/as de DDHH, mediante cuatro estrategias: 1. Fortalecimiento de sus capacidades para su participación efectiva en la implementación de los acuerdos de paz; 2. Acompañamiento jurídico integral ante instancias nacionales e internacionales; 3. Incidencia política internacional para la protección y reparación integral y 4. Visibilización de vulneraciones de DDHH y avances a través de medios de comunicación y eventos culturales.

El proyecto acompaña especialmente a víctimas organizadas en el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y colectivos vulnerabilizados, en concreto: defensores y defensoras de DDHH en creciente riesgo, mujeres víctimas de violencia sexual y organizaciones de pueblos indígenas (Wiwa, Wayuú, Kankuamo y Awá) en casos de megaproyectos extractivos y energéticos que vulneran sus derechos colectivos sobre territorios ancestrales y el buen vivir.