Doña Ofelia está sentada a la puerta de su casa. Algunos tablones por paredes, el piso de
tierra y un precario techo de cinc. “Qué bueno que al fin alguien vino a escucharnos”.
Nos relata su historia y su calvario cotidiano. Desde que le desaparecieron a sus dos
hijos en Antioquia, vive con sus pequeños nietos en un barrio para desplazados en
Sincelejo. El terreno en el que está ubicada su vivienda se lo vendió un jefe paramilitar
a la ciudad. Ahora le están cobrando a ella, y a otras familias, más de $300.000 por el
título de propiedad. No tiene con qué pagarlos, pues vive de vender arepas en la calle.
Está enferma, y como trabaja desde la madrugada, para conseguir que la atiendan en el
puesto de salud debe comprar un lugar en la interminable fila. Las fichas para la
atención médica se negocian. Cuando llueve la casa se inunda y el piso se convierte en un
barrizal. Teme por la salud de los niños.

Visitamos otro barrio periférico. Allí nos cuentan que los alimentos donados por el
Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas se los venden a los desplazados. Las
bolsas de arroz, lentejas y frijoles que hacen parte de la donación se consiguen a $1.000
cada una. Nos regalan una de arveja verde seca en la que aparece el lema “Prohibida su
venta”. En Corozal ofrecen a $20.000 cada mercado con productos de las remesas
humanitarias. También nos dicen que últimamente han aparecido abogados que prometen
agilizar la reparación a cambio de dinero por adelantado, y de votos en las pasadas
elecciones parlamentarias. En otro barrio, construido para las familias desarraigadas,
viven los paramilitares y sus amigos. Algunos desmovilizados le arriendan la vivienda a
los desplazados.

Llegamos a San Onofre para participar en una marcha organizada por la comunidad. Las
fosas comunes de la hacienda El Palmar, donde continúan los restos de cientos de
desaparecidos, siguen expuestas a la manipulación. A pesar de que la Policía ha allanado
las casas de algunos aliados de los paramilitares, en varias fincas han sido vistos
hombres armados, y el temor es que alias Jorge 40 tome el control de la zona. Los
paramilitares han dado la orden de que para las próximas elecciones, el alcalde de la
localidad sea el hermano de Muriel Benito-Rebollo, la ex congresista que hoy es
investigada por ser la principal beneficiaria del régimen de terror que instauró alias
Rodrigo Cadena. El actual alcalde, otro aliado de los criminales, tiene una fundación a
la que le otorga fondos millonarios para adelantar “talleres de reconciliación” con las
víctimas. En las afueras de la población se encuentra el corregimiento de Chinulito del
cual tuvieron que huir 120 familias. A pesar de las promesas oficiales, la mayoría de
las casas de los desplazados siguen en ruinas. Les han pedido que ellos mismos las
reconstruyan con exiguos recursos que aún no llegan. Nos informan que, en cambio, los
desmovilizados tienen programas de ayuda integral, y muchos de ellos trabajan como
policías auxiliares. En varios sitios del departamento les han dado tierra para que
adelanten proyectos productivos. También los ayudan con capacitación en el Sena, y con
programas de tratamiento psicológico. Pero a algunos eso no les basta. En San Onofre han
montado el negocio de “pagadiario”, que consiste en prestar dinero y cobrar intereses
todos los días con presiones extorsivas.

La voracidad de los políticos corruptos y sus cómplices, que ha causado tanto daño en
Sucre, no se sació con usurpar la tierra y desocupar las arcas públicas. Ahora, eso que
llaman “reparación” se ha convertido en su nuevo negocio.