Sincelejo, 6 de abril 2025
Desde la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos Nodo Caribe, rechazamos de manera enérgica las amenazas proferidas por el Clan del Golfo contra la comunidad sucreña, en particular contra el sector comercial, tras la muerte de alias Chirimoya, uno de sus cabecillas, durante un operativo conjunto realizado el 5 de abril de 2025 por la Policia Nacional de Colombia y la Administración de Control de Drogas (DEA) en inmediaciones del municipio de La Apartada (Córdoba).
Como represalia inmediata, los sucesores de alias Chirimoya emitieron amenazas dirigidas a comerciantes del departamento de Sucre, afectando especialmente a los municipios de Corozal, Sincelejo, Los Palmitos, Betulia, Sampués, San Onofre, Coveñas, Santiago de Tolú, Ovejas, Toluviejo, entre otros. Esta escalada de intimidación constituye una grave violación a los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la seguridad y la libre movilidad.
La respuesta del crimen organizado ha puesto en evidencia el nivel de control territorial que aún ejercen estos grupos armados ilegales, al punto de lograr el cierre total del comercio en múltiples localidades, en un acto de obediencia forzada por parte de una ciudadania que busca preservar su integridad.
Ante esta alarmante situación, exigimos al Estado colombiano:
- Garantías de protección inmediata para la población civil amenazada, especialmente para comerciantes, lideres sociales y defensores de derechos humanos en los municipios afectados.
- Despliegue urgente de medidas integrales de seguridad que no se limiten a la militarización, sino que incluyan la articulación con la institucionalidad local y organizaciones sociales para la construcción de rutas de protección colectiva.
- Presencia institucional permanente en el territorio, con enfoque de derechos, que contribuya a debilitar el control social y armado de estos grupos ilegales y restablezca la gobernabilidad democrática.
- Investigación y judicialización efectiva de los responsables materiales e intelectuales de estas amenazas, para evitar la impunidad y prevenir la repetición de estos hechos.
- Activación de mecanismos de alerta temprana y respuesta rápida en coordinación con la Defensoria del Pueblo, la Procuraduria General de la Nación y organismos internacionales de derechos humanos.
- Reiteramos nuestra solidaridad con las comunidades afectadas y nuestra disposición a seguir acompañando las acciones de resistencia pacífica y defensa de los derechos fundamentales. La ausencia del Estado no puede seguir siendo el terreno fértil para la expansión del miedo y la consolidación del poder criminal.
Nos solidarizamos con la Comunidad Sucreña y exigimos un Estado presente, garante y comprometido con la vida y la dignidad de su gente