En Colombia el 6,15% de los trabajadores devenga el salario mínimo (1´272.715 personas), y el 45,3% de los ocupados (9´374.632 personas) recibieron hasta un salario mínimo legal. De estos últimos el 5.9%, es decir, un poco más de un millón, no recibieron ingresos. De acuerdo con cálculos de la ENS, la canasta mínima vital para una familia de ingresos bajos es por lo menos de dos salarios mínimos legales mensuales. De hecho hace varios años el Banco Mundial la calculaba en $1´200.000 mensuales. Como se puede ver, el salario mínimo no solo tiene una baja cobertura en la población ocupada, sino que representa aproximadamente el 50% de la canasta básica de los trabajadores de ingresos bajos, por lo que en estos hogares deben trabajar dos personas o más para acceder al mínimo vital.
Durante la última década la economía colombiana creció a una tasa promedio anual del 4.6%, crecimiento que no se refleja en un mejoramiento de la distribución de la riqueza debido, por una parte, a la política salarial restrictiva y de contracción de costos laborales impulsada por los diferentes gobiernos; y por otra parte, a la baja cobertura de la negociación colectiva de los sindicatos: 2% de la población ocupada.
La participación de las remuneraciones de los trabajadores dentro del PIB ha venido cayendo para ubicarse en un 31%, mientras que el capital crece en participación en la misma proporción, para situarse en un 59% aproximadamente.
Esta tendencia hacia una mayor inequidad social, se refuerza por la política tributaria regresiva que crea mayores exenciones y descuentos a los impuestos directos que paga el capital, mientras que crece la tributación directa de los trabajadores y la clase media, y también la indirecta, que castiga en mayor medida a las capas pobres de la sociedad.
Para ocultar esta tendencia al empobrecimiento de los trabajadores y de la mayoría de la población, el DANE se acaba de inventar la quimera de que si una persona gana $208.404 al mes, es decir, un ingreso diario de $6.947, deja de ser pobre, y como tal tiene acceso a la canasta básica de bienes y servicios para vivir dignamente. Esto significa que un hogar de 4 personas, que es el promedio nacional, se considera no pobre si su ingreso mensual es igual o superior a $833.316.
El DANE también precisó que el ingreso promedio por persona es Colombia es $562.152 mensuales, menos que el salario mínimo legal vigente actual que es de $616.000. Esto no es más que un reflejo del vergonzoso grado de desigualdad que hay en el país, el cual, según la misma entidad, se expresa en un Gini de 0.545.
En Colombia el 6,15% de los trabajadores devenga el salario mínimo (1´272.715 personas), y el 45,3% de los ocupados (9´374.632 personas) recibieron hasta un salario mínimo legal. De estos últimos el 5.9%, es decir, un poco más de un millón, no recibieron ingresos. De acuerdo con cálculos de la ENS, la canasta mínima vital para una familia de ingresos bajos es por lo menos de dos salarios mínimos legales mensuales. De hecho hace varios años el Banco Mundial la calculaba en $1´200.000 mensuales.
Como se puede ver, el salario mínimo no solo tiene una baja cobertura en la población ocupada, sino que representa aproximadamente el 50% de la canasta básica de los trabajadores de ingresos bajos, por lo que en estos hogares deben trabajar dos personas o más para acceder al mínimo vital.
Existe abundante evidencia empírica que muestra que las reformas laborales regresivas que se han tramitado en el Congreso, y las que de hecho han impuesto los empresarios para reducir costos laborales, no han generado empleo. Incluso el comportamiento del salario mínimo que en los últimos años ha crecido por encima de la inflación se ha visto acompañado, según el DANE, de una reducción de la tasa de desempleo.
La tasa de desempleo del año 2013 en nuestro país, promedio anual, se ubicó en 9,6%, casi 4% por encima del promedio regional, que es de un 6%. Y esto a pesar de que en muchos de lo países latinoamericanos el salario mínimo mensual en dólares es superior al nuestro.
En un contexto global de crisis, donde la demanda externa de nuestros productos (primarios en más de un 80%) tiende a reducirse, lo más sensato sería que la política pública y empresarial contribuyera a fortalecer el mercado interno, y esto solo es posible formalizado el empleo y mejorando salarios.
A pesar de todos los esfuerzos que se vienen haciendo desde hace muchos años con el libre comercio y las exportaciones como el soporte de la economía, el 86% de la demanda agregada sigue estando en el mercado interno.
Hoy necesitamos revisar este modelo que se fundamenta en una competitividad basada en bajos salarios y negación de derechos, y cambiarlo por un modelo que se articule con las economías de la región, que promueva una política industrial de agregación de valor, de producción de alimentos para el consumo interno, de inversión pública en infraestructura económica; una política social por fuera de las lógicas mercantiles, de trabajo decente, para así garantizar un circulo virtuoso de producción y consumo interno crecientes.
Solo de esta manera lograremos superar la monumental desigualdad que nos golpea, pobreza que nos indigna, marginalidad y exclusión que nos agravia. Empleos estables y bien remunerados, sindicatos y cultura de diálogo social, son el fundamento de una paz estable y duradera.