Según el decreto 870 por el cual se regula un espacio de interlocución y participación con las organizaciones de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular que se denomina mesa única nacional, el gobierno nacional adquirió el compromiso de reanudar las mesas regionales y sectoriales de interlocución y acuerdo con organizaciones campesinas, afros e indígenas que hacen parte de la Cumbre Agraria. Los voceros de la Cumbre Agraria concertaron con el gobierno una agenda de reinicio de las mesas en el Catatumbo, el Cauca, Antioquia, Sur de Bolívar, centro y sur del Cesar y Arauca. El gobierno posteriormente hizo una propuesta de realizar una sola sesión de trabajo en lo que queda del año. Esta propuesta gubernamental es un claro incumplimiento a los compromisos adquiridos con estas mesas después de los paros campesinos en esas regiones y con la Cumbre Agraria según consta en el decreto.
El pasado 3 de octubre el presidente Santos instaló la mesa única de negociación con la Cumbre Agraria, el presidente señaló en ese momento que “estoy seguro de que, a través de la Mesa que hoy instalamos, se van a lograr avances importantes –los que han estado represados por demasiado tiempo– para nuestro campo y sus habitantes. Hoy los invito, con todo el entusiasmo, a que nos acompañen –no solo al Gobierno sino a todos los colombianos– en la inmensa tarea de la construcción de la paz y el posconflicto”. Sin embargo la actuación del gobierno frente a sus compromisos con la Cumbre Agraria indica que las palabras de Santos eran más retórica que realidad y que la paz gubernamental dista mucho de los planteamientos estructurales de las organizaciones, campesinas, indígenas y afrocolombianas.
Según el decreto 870 por el cual se regula un espacio de interlocución y participación con las organizaciones de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular que se denomina mesa única nacional, el gobierno nacional adquirió el compromiso de reanudar las mesas regionales y sectoriales de interlocución y acuerdo con organizaciones campesinas, afros e indígenas que hacen parte de la Cumbre Agraria.
Los voceros de la Cumbre Agraria concertaron con el gobierno una agenda de reinicio de las mesas en el Catatumbo, el Cauca, Antioquia, Sur de Bolívar, centro y sur del Cesar y Arauca. El gobierno posteriormente hizo una propuesta de realizar una sola sesión de trabajo en lo que queda del año.
Esta propuesta gubernamental es un claro incumplimiento a los compromisos adquiridos con estas mesas después de los paros campesinos en esas regiones y con la Cumbre Agraria según consta en el decreto.
Igual preocupación nos merece el incremento exponencial de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en contra de los líderes y lideresas de los procesos pertenecientes a la Cumbre Agraria, Campesina Étnica y Popular a lo largo y ancho del territorio colombiano, toda vez que el decreto 870 de 2014 crea la Mesa Única de Negociación y la Subcomisión de Garantías y Derechos Humanos; a la cual le compete concertar y materializar medidas políticas y materiales efectivas que garanticen la existencia y la libre actividad de nuestras organizaciones que se encuentran en la lucha por la defensa de los territorios.
Manifestamos que el Gobierno frenó una vez más el cumplimiento de los acuerdos pactados desconociendo el ejercicio de concertación de más tres meses; principalmente en lo relacionado con el reglamento e instalación de dicha Subcomisión.
La negligencia y actitud irresponsable del gobierno en cabeza de los ministros de Agricultura e Interior, Iragorri y Cristo, indica la intención del gobierno de no cumplir con las mesas regionales y evidencia la intención del gobierno de incumplirle a la Cumbre Agraria.
Por lo tanto la plenaria de la Cumbre Agraria orientó a sus organizaciones para dar a conocer el incumplimiento gubernamental, para tomar las decisiones pertinentes y planificar las acciones de movilización tendientes a que se honren los acuerdos.
Llamamos a la comisión de garantes para que de carácter urgente actúen en la vía de solucionar la crisis que plantea el incumplimiento del gobierno.