Según testimonios recopilados de los hechos, los tres dirigentes “fueron sacados de la casa donde se encontraban en el caserío de Caño Seco con los brazos en alto, arrodillados a escasos metros de ésta y fusilados muy poco después”. Entre tanto el mismo día de los sucesos, el Ministro de Defensa Jorge Alberto Uribe y el mismo Vicepresidente Francisco Santos, afirmaban que “Los tres dirigentes eran “delincuentes”, que perdieron la vida en un combate”, y que además, “portaban armas y tenían ordenes de captura por el delito de rebelión.”

No obstante posteriores investigaciones dieron como resultado el que por este crimen de Estado, la Procuraduría General de la Nación elevara pliego de cargos contra los militares que prepararon la operación militar, Teniente Coronel Francisco Medina Corredor, comandante en ese entonces del Grupo Revéiz Pizarro, el Capitán Hiznardo Alberto Bravo Zambrano, oficial de Inteligencia y el Capitán Luis Eduardo Castillo Arbeláez, oficial de Operaciones.

Así mismo la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación adelanta investigación penal en contra del Subteniente Juan Pablo Ordóñez Cañón, Comandante del Escuadrón B de la Contraguerrilla BRIOSO- 4 y los soldados profesionales Jhon Alejandro Hernández Suárez, Walter Loaiza Culma y Oscar Saúl Cuta Hernández, así como contra el particular Daniel Caballero Rozo, por el delito de homicidio agravado de los tres líderes.

Es importante mencionar al respecto, que en el marco de dicha investigación se han practicado pruebas técnicas que permiten concluir que la versión dada por los miembros del Batallón, presentes en Caño Seco el 5 de Agosto de 2004 no obedece a la realidad. En el proceso penal se han observado innumerables contradicciones entre la versión de los miembros del Ejercito Nacional y las pruebas técnicas practicadas.

Ejemplo de ello lo constituye el que a pesar que algunas fotografías tomadas por los militares que participaron en la operación, registraban los cuerpos sin vida de Leonel Goyeneche y Jorge Prieto Chapucero sosteniendo en sus armas de fuego, el dictamen pericial sobre residuos de disparo realizado por la división de criminalista del CTI, concluyera que no existían muestras de materiales químicos, lo cual en consecuencia demostrara que las victimas no efectuaron ningún disparo antes de su muerte.

Sin embargo, la manipulación de los hechos por parte de miembros del Batallon Reveiz Pizarro no se limito a la alteración de la escena del crimen, testigos presénciales de este fueron amedrentados y amenazados para que no contaron a cabalidad lo sucedido en la Vereda de Caño Seco. Y es que los miembros del Ejército que participaron en la operación militar, tomaron ollas de la cocina de la casa de Jorge Eduardo Prieto y lavaron con agua el lugar en el que los líderes de la región habían sido ejecutados, tapando con arena las evidencias de sangre y otros materiales biológicos.

El proceso que actualmente se encuentra en etapa de juicio, reiniciara las audiencias públicas el próximo 11 de septiembre en la ciudad de Bogotá.

Sobre las Víctimas

Es importante mencionar que los tres líderes sociales ejecutados extrajudicialmente que fueron presentados ante los medios de comunicación como guerrilleros muertos en un enfrentamiento con el Ejército, habían sido objeto de una constante persecución por parte de las fuerzas militares, quienes en varias ocasiones públicamente los habían tachado de terroristas pertenecientes a grupos al margen de la ley.

Fue así como a principios del año 2004, Leonel Goyeneche fue catalogado de delincuente y amenazado de muerte abierta y públicamente, en una reunión realizada entre algunos delegados de las juntas de acción comunal del municipio de Saravena y el Comandante de la Brigada XVII y el Batallón Revéiz Pizarro. Estos mismos señalamientos fueron además difundidos a través del programa radial “la verdad y el engaño” que se emite diariamente por la emisora del Ejército Nacional La voz de los héroes, en el cual un supuesto reinsertado realizaba delicadas acusaciones en contra de los líderes sindicales.

Por estos hechos, y como consecuencia de la situación de persecución y el riesgo en el que se encontraban, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, les había otorgado Medidas Cautelares con el fin de protegerles su vida e integridad personal.

Héctor Alirio Martínez, se desempeñó como presidente de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos ADUC por más de ocho años, hasta que fue objeto de persecuciones políticas y amenazas, lo que lo obligo a abandonar su cargo. Sin embargo, continuó ligado a la Organización, apoyando sus proyectos y guiando a los demás dirigentes en su trabajo por el bienestar de los usuarios campesinos del departamento.

Sus capacidades políticas y humanas, su compromiso con las causas sociales y las necesidades de la región le valieron el reconocimiento de sus familiares y los habitantes del lugar, que siempre vieron En “ DON HECTOR”, como se le conocía, un líder comprometido y solidario.

Su aporte fundamental, lo constituyo en la materialización de importantes proyectos para el pueblo de Arauca en diversos campos como la Salud, Educación, comercialización de productos agrícolas y gestión de proyectos para el bienestar de la comunidad araucana. Dentro de los proyectos que se gestaron gracias a su apoyo se destacan, COAGROSARARE, el Bachillerato Agrario, la Fundación Intercultural, ECOVIAPA, Salud Sarare, La ESE del Sarare, el Centro de Enfermedades Tropicales (CET) en otras obras.

Jorge Eduardo Prieto Chapucero, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios y de Clínicas – ANTHOC, seccional Arauca realizo sus estudios de la primaria en la concentración Isabel Segunda Barrio Kennedy, en Bogota, y luego se traslado al departamento de Arauca donde termino sus estudios de secundaria en el centro docente San Fernando Ferrini de Saravena. Se graduó como administrador Financiero y Comercial en la Universidad Francisco de Paula Santander en el año 2000.

Desde que inicio su carrera como líder sindical del sector de la salud fue reconocido como un hombre honorable, responsable y comprometido con su labor. Como miembro de la Organización, logro negociaciones importantes en beneficio de los afiliados al sindicato entre los que pueden destacarse, la construcción de la sede sindical Saravena, la compra de equipos y vehículos, la firma convenciones colectivas, periodos de vacaciones, primas, pago de prestaciones sociales a los funcionarios que laboraban por contrato y afiliados y en beneficio de los trabajadores en general afiliados al sindicato.

Leonel Goyeneche Goyeneche el tesorero de la Central Unitaria de Trabajadores – CUT, se encontraba vinculado al Magisterio del Departamento de Arauca desde el año 1993, hasta el momento de su ejecución extrajudicial.
Se inicio como líder sindical a través del CASE (Comité Araucano de Soluciones Educativas) en el periodo 1992-1994. Hizo parte de ASEDAR (Asociación de Educadores de Arauca). Asumió responsabilidades en la directiva de esta organización durante 1994 – 1996. Perteneció a la directiva de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) Subdirectiva de Arauca como Tesorero en los periodos 1997 – 2000 y 2002 hasta la fecha de su muerte.
Además la vinculación a la Central Unitaria de trabajadores fue un líder social reconocido por su labor el las juntas de acción comunal en el departamento de Arauca. Hizo parte de la Federación Comunal de Juntas de Acción Comunal en 1998 y 2000 e integrante del Comité de Derechos de la Asociación de Juntas de Acción Comunal.
En su memoria, las Organizaciones Sociales de Arauca, realizarán un acto litúrgico, político y cultural, en el caserío Caño Seco del municipio de Saravena, a partir de las 10 de la mañana.

El acto se realizara en momentos en que Arauca soporta una de las más graves crisis humanitarias y sociales vista en la región, silenciada por la gran prensa, en medio de una completo despliegue militar.

En efecto, según la Agencia de Prensa Rural, este operativo que se inició a principios del mes de julio sobre zonas rurales del municipio de TAME, hoy alcanza territorios de Fortúl. Saravena, Arauquita y Arauca capital.

Según esta misma agencia, integrantes de la Asociación Campesina de Arauca informan que “existe temor en la población por la posible realización de masacres de campesinos usando como pretexto el conflicto existente en el departamento entre las organizaciones insurgentes”, además que han solicitado a los militares el cumplimiento del derecho internacional humanitario (DIH), pues ha sido recurrente la ocupación de escuelas, fincas y viviendas por parte de los soldados cuando arriban a los caseríos y veredas.