la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos –CCEEU, plataforma de DDHH, reveló que entre el 01 de enero de 2010 y el 15 de septiembre de 2014, han ocurrido 1.344 agresiones contra defensores y defensoras en el departamento de Antioquia, siendo los años 2012 y 2013 los de mayor vulneración; preocupa el 2014 porque, aún sin terminar, ya supera los registros de 2010 y 2011. De las 1.344 agresiones, la amenaza es la principal agresión con 353 casos; seguida de las detenciones arbitrarias, por parte de la Fuerza Pública, con 183 casos; y del asesinato, con 112 casos, según indicó Fernando Quijano, director de Corpades, quien presentó las cifras.

 

 

La persistente y elevada cifra de agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos en Antioquia, y en general en Colombia, demuestra que el actual sistema de protección implementado por el Gobierno nacional está siendo deficiente. Por eso varias organizaciones e instituciones del departamento plantearon la necesidad de hacer cambios a la estrategia, en aras de fortalecerla y garantizar la labor de estas personas.

Las propuestas fueron hechas en la Asamblea de Antioquia en desarrollo de la sesión ordinaria del 14 de octubre de 2014, sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en la región.

Allí, el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos –CCEEU, plataforma de DDHH, reveló que entre el 01 de enero de 2010 y el 15 de septiembre de 2014, han ocurrido 1.344 agresiones contra defensores y defensoras en el departamento, siendo los años 2012 y 2013 los de mayor vulneración; preocupa el 2014 porque, aún sin terminar, ya supera los registros de 2010 y 2011.

De las 1.344 agresiones, la amenaza es la principal agresión con 353 casos; seguida de las detenciones arbitrarias, por parte de la Fuerza Pública, con 183 casos; y del asesinato, con 112 casos, según indicó Fernando Quijano, director de Corpades, quien presentó las cifras.

Como responsables de las vulneraciones aparecen los grupos pos-paramilitares: Urabeños, Rastrojos, Águilas Negras y Oficina; la Policía; el Ejército y la guerrilla de las FARC, de acuerdo con los datos de la CCEEU.

Este panorama llevó a varios de los interventores a concluir que las medidas adoptadas por el Estado no han sido efectivas y que el sistema requiere mejorar asuntos como la investigación, individualización y judicialización de los agresores; el fortalecimiento de la acción territorial; y la coordinación institucional.

Además se reiteró que la seguridad de los defensores y defensoras de derechos humanos no es responsabilidad exclusiva de la Unidad Nacional de Protección, como parece estar ocurriendo, sino que depende del Estado en su conjunto, por lo que también tienen compromiso instituciones y gobiernos nacionales, regionales y locales.

En ese sentido se propuso la realización de audiencias semestrales para hacer seguimiento a los compromisos y responsabilidades que tienen las diferentes instituciones estatales frente al problema.

Las agresiones afectan a los defensores tradicionales de derechos humanos y también a líderes comunitarios, indígenas, afro descendientes, reclamantes de tierras y campesinos, entre otros, quienes asumen la labor de defender los derechos de sus comunidades o sectores sociales.

Adicionalmente la problemática afecta a los funcionarios y servidores públicos encargados de defender y restablecer los derechos humanos, a los familiares de los defensores y defensoras de DDHH y a los familiares de las víctimas, quienes también sufren agresiones.

Investigar y judicializar: no más impunidad
El problema que más afecta a los defensores y defensoras de derechos humanos es la amenaza, precisó José Girón, analista del Observatorio de Derechos Humanos del IPC, al explicar que por ello es necesario avanzar en la investigación para develar el origen de éstas y otras agresiones, a fin de garantizar la vida y labor de las personas.

Por eso José Girón advirtió que “toda persona amenazada debe mantener su esquema de protección, y que éste no se debería retirar mientras la intimidación no se haya resuelto jurídicamente.”

Al respecto, Óscar Morales, delegado de la Asociación de Periodismo de Antioquia –APA, retomó el caso del comunicador Luis Carlos Cervantes, director de la emisora Morena FM de Tarazá, asesinado el 12 de agosto de 2014 luego de que la UNP le retirara el esquema de protección. Plantón por homicidio de periodista Luis Carlos Cervantes

“Después de 30 amenazas, 2 atentados y, finalmente, su asesinato; esta es la hora que la opinión pública y el gremio de periodistas no sabe quiénes están tras el homicidio de Luis Carlos Cervantes”, se quejó Óscar Morales al revelar que en Antioquia actualmente hay 20 periodistas amenazados, 9 de ellos en la subregión del Bajo Cauca donde ejercía el comunicador asesinado.

Por eso, en este punto se planteó la necesidad de que la Fiscalía de inicio la Directiva 0001 del 04 de octubre de 2012, para adoptar criterios de priorización de situaciones y casos, y avanzar en la construcción de contextos en las investigaciones judiciales. Esto teniendo en cuenta la manera sistemática como se han desarrollado las agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos y la impunidad en la mayoría de hechos.

Finalmente, de la sesión en la Asamblea, convocada por la Comisión de Derechos Humanos de la DUMA, se puede concluir que mientras no se desmantele el origen de la agresión, no habrá garantías de seguridad y de no repetición para los defensores y defensoras de derechos humanos y, por ende, para la sociedad en general.