Bogotá, 3 de septiembre de 2024. Las comisionadas delegadas por las Plataformas de derechos humanos a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) expresamos nuestra preocupación ante la comunidad nacional e internacional  por la grave situación de seguridad  que siguen enfrentando personas defensoras, liderazgos sociales y firmantes del Acuerdo de Paz en los territorios más afectados por el conflicto y el abandono institucional en Colombia, a la vez  que continúa la expansión territorial de grupos armados criminales, incluidos los sucesores del paramilitarismo y sus redes de apoyo.

El pasado 22 de agosto se desarrolló la 4ta sesión plenaria ordinaria de la CNGS, en donde se discutió y aprobó el inicio de la implementación en los territorios de la política pública de desmantelamiento y su plan de acción. Los pilotos para la implementación se llevarán a cabo en las subregiones del Magdalena Medio y norte del Cauca que abarca 15 municipios.  Al mismo tiempo, se instaló la Instancia de Alto Nivel del SISEP¹ para articular ambos espacios y concretar medidas de seguridad para esta población, así como para el desmantelamiento efectivo de organizaciones criminales.

Después de casi un año de aprobada la política y su plan de acción y de la adopción por parte del Gobierno del Decreto 0665 del 24 de mayo del 2024, las comisionadas delegadas de las plataformas de DD.HH reconocemos la importancia de focalizar la política en las zonas más afectadas por el fenómeno criminal. Sin embargo, es fundamental que las entidades participantes en la CNGS presenten planes conjuntos que permitan ofrecer una respuesta integral a las causas que se manifiestan de diferentes maneras en cada zona priorizada. 

En este proceso es crucial reconocer la naturaleza y el papel fundamental de la coordinación de las acciones dirigidas a la no repetición de las agresiones en contra de los sujetos de protección mencionados. Esto implica un compromiso más serio en el cierre del proceso de planeación operativa, la construcción de indicadores, metas y presupuestos para la ejecución de los componentes del plan de acción permanente de la política pública de desmantelamiento, así como una eficaz articulación en la acción institucional en los territorios.

Esperamos que la comisión técnica, integrada por la Fiscalía General de la Nación y los ministerios del Interior, Defensa y Justicia para coordinar las acciones en los municipios focalizados, presente de manera previa a los demás delegados/as de la CNGS, incluyendo las delegadas de la sociedad civil, los planes conjuntos de intervención en las regiones priorizadas. De igual manera, urge continuar con la coordinación e implementación de los componentes y acciones de alcance nacional en las instancias de la Comisión.

Insistimos en que el seguimiento a la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales debe hacerse de manera prevalente en el marco de la CNGS y su respectiva Subcomisión, debe asegurarse un rol mucho más activo de la Consejería Comisionada para la Paz y una real articulación entre la política de desmantelamiento, la paz total, seguridad y convivencia y prevención y protección, entre otras.

Asimismo, valoramos la reactivación de la Instancia de Alto Nivel (IAN) del SISEP,  pero esto no debe debilitar la participación real y efectiva de la sociedad civil en el seguimiento a la implementación de la política de desmantelamiento. Es importante resaltar que la CNGS ha sido reconocida por la Corte Constitucional como un “escenario privilegiado de diálogo entre las autoridades públicas y la sociedad civil, en torno a la construcción de (…) una política pública estatal, de largo aliento, que permita articular los esfuerzos desplegados en el nivel nacional, con los ámbitos territoriales”.

Finalmente, aunque la CNGS es una de las instancias del SISEP según el Decreto Ley 895 de 2017, no se puede omitir su función de hacer seguimiento al desmantelamiento, el diseño de rutas de sometimiento a la justicia y de estrategias eficaces de investigación, en espacios como la Comisión de Seguimiento o el Comité de Impulso a las Investigaciones, donde la participación de la sociedad civil no es lo suficientemente clara.

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¹ Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, contemplado en el Decreto Ley 895 de 2017