Bogotá, 12 de marzo de 2024. El Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) saluda la elección de la dra. Luz Adriana Camargo como nueva Fiscal General de la Nación, una profesional con la experiencia y especialidad en derecho penal y criminología, cualidades necesarias para ejercer este rol en Colombia. 

La nueva funcionaria recibe una Fiscalía con grandes desafíos, debido al nefasto papel de Francisco Barbosa frente a la entidad, quien instrumentalizó el sistema judicial para hacer oposición política y pasó por alto, entre otros, graves actos de corrupción. Durante su administración no hubo avances relevantes en materia de investigaciones de graves violaciones de derechos humanos, entre ellos el homicidio a liderazgos sociales y exfirmantes del Acuerdo de Paz; a lo que se suman las graves acusaciones contra su Vicefiscal Martha Mancera por el favorecimiento de estructuras criminales en el departamento del Valle del Cauca.  

En materia de investigación, por ejemplo, la nueva Fiscal tendrá el reto de fortalecer la labor de la policía judicial y la formación de los fiscales que llegan a juicio. Según cifras de 2022 de la Corporación Excelencia a la Justicia, el 81,7% de las noticias criminales investigadas por la Fiscalía terminó en archivo sin establecer los responsables, y solo un 2,7% que corresponde a 45.654 investigaciones concluyó con una sentencia. De este universo, las sentencias absolutorias siguen representando un alto porcentaje, con el 23,7% de los casos que llegan a juicio. En este sentido, urge una evaluación del desempeño de la Entidad en el sistema penal acusatorio. 

De otro lado, la Fiscalía cuenta con un promedio de 2.8 millones de procesos vigentes, lo que supone un embotellamiento de investigaciones y pocas soluciones para quienes acuden a la Entidad en busca de justicia.  

En este sentido, es fundamental establecer criterios públicos de priorización para gestionar de manera más efectiva las investigaciones, por ejemplo, concentrándose en los delitos de mayor impacto y aquellos que contribuyan al desmantelamiento de estructuras criminales. Esto, además, ayudaría a contrarrestar la selectividad penal de la Entidad, normalmente inducida por criterios históricos de discriminación. 

De otro lado y en materia de transparencia, la nueva fiscal general deberá construir indicadores de medición de la gestión veraces y claros. Durante la administración de Barbosa se creó el término “avances de esclarecimiento” para maquillar las cifras sobre las investigaciones por agresiones a líderes y lideresas sociales. También se cambiaron criterios para favorecer el archivo inmediato de las denuncias ciudadanas por la comisión de delitos, sin realizar mínimos actos de investigación.  

También tiene la nueva fiscal el reto de fortalecer la autonomía de los y las fiscales, lo que implica adoptar medidas para gestionar sus cargas laborales, fortalecer el cuerpo técnico de investigación, garantizar su protección y ofrecer garantías de seguridad y para el ejercicio de sus funciones, en especial, en aquellos casos en donde, como castigo, han sido trasladados a regiones apartadas.   

En cuanto a la defensa de los derechos humanos, la Fiscal tiene como reto robustecer la Dirección Especializada Contra las Violaciones a los DD. HH, anteriormente Unidad de Derechos Humanos, creada con la finalidad de poder concentrarse en la investigación de estos crímenes, la cual fue prácticamente desmantelada durante las administraciones de Néstor Humberto Martínez y de Francisco Barbosa. Así mismo, será fundamental fortalecer la Unidad Especial de Investigación para cumplir las funciones asignadas en el Acuerdo Final de Paz: desmantelar los grupos sucesores del paramilitarismo. Deberá, igualmente, revisar el rol de la Entidad en la criminalización de las personas que ejercen el derecho a protestar, desligándose del uso arbitrario del derecho penal que hacía la anterior administración, con la imputación durante el estallido social de muchos delitos, incluidos el de terrorismo y similares, y de la implementación de directivas restrictivas que orientaron la actuación de los y las fiscales en estos casos.

Finalmente, deseamos éxitos a la doctora Luz Adriana Camargo en su gestión al frente de la Fiscalía General, función pública en la cual se deposita un inmenso poder, que debe ser ejercido con responsabilidad, ponderación y apego estricto a la ley. El uso político de la Entidad en administración anterior impidió una relación armónica con el Gobierno Nacional en el diseño e implementación de una política criminal que aborde los retos en materia de criminalidad, resuelva el estado de cosas inconstitucionales en el sistema penitenciario y carcelario, articule las competencias en la política de paz total, entre otros. 

*FOTO: Canal Institucional TV