El genocidio perpetrado contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano durante los últimos 20 años en Colombia ha dejado, entre sus devastadoras secuelas, miles de viudas y huérfanos.

Nuestros familiares, los líderes y miembros de la UP, eran personas coherentes y honestas que murieron indefensas en atentados realizados muchas veces en nuestros propios hogares y ante nuestra mirada impotente. Además de padecer el sufrimiento de perder a los seres queridos, hemos visto cómo las responsabilidades por los homicidios y las “desapariciones” forzadas, han quedado en la impunidad. Las autoridades no han llevado a cabo su trabajo. Los asesinos gozan de libertad y, frecuentemente, de reconocimiento social. Cuando hemos exigido verdad y justicia, se nos ha perseguido implacablemente. Se ha llegado a desaparecer a familiares de los desaparecidos, o a asesinar a familiares de los asesinados

Como si esto fuera poco, afrontamos la indolencia social provocada por la justificación pública que hacen de sus actuaciones los autores de los crímenes. Durante las últimas dos décadas, hemos tenido que soportar campañas difamatorias o declaraciones públicas que legitiman abiertamente la violencia contra los militantes de la UP. En ellas se trata a los asesinados como facinerosos que merecían el cruel destino que tuvieron. Esas acusaciones se han hecho, y se continúan haciendo, por altos funcionarios estatales y por los presidentes de la República de los seis gobiernos bajo los cuales ha transcurrido el genocidio.

La propaganda que nos culpabiliza, el uso de un lenguaje denigrante y las persecuciones resultantes de estas prácticas, han permitido que la ola de crímenes se haya convertido en un hecho normal de la vida del país.

El resultado de presentar a los miembros de la UP como una amenaza para la sociedad es que se ha configurado una situación de vulnerabilidad constante y alto riesgo que valida cualquier nueva agresión. En ocasiones, se nos obliga a dejar el trabajo o el sitio de vivienda por temor a los atentados que puedan sobrevenir; se nos niega el crédito bancario o el cupo en los colegios para nuestros hijos. En tales circunstancias, nos hemos visto forzados al desplazamiento y al exilio. El ostracismo social hace que muchos familiares de las víctimas tengan que llevar una vida anónima en un ambiente hostil. No son pocos los casos en que ellos caen en una depresión profunda que los ha llevado al suicidio.

Durante la última semana, hemos visto, con dolor e indignación, una cuña radial en la que la campaña “Uribe, Presidente” presenta a nuestros familiares como asesinos y justifica perseguirlos y exterminarlos. Al ser reclamadas explicaciones por la publicidad calumniosa, Fabio Echeverri Correa, jefe de esta campaña, respondió con insolencia a través de los medios de comunicación que se trata del ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión.

No es la primera vez que el presidente Uribe busca votos a costa de nuestra tragedia. Ya en la anterior campaña para las elecciones presidenciales, afirmó que el “error” cometido con la UP era comprensible, pues no es posible querer “combinar la política con los fusiles”. [[ Álvaro Uribe Vélez, Manifiesto democrático. 100 puntos del programa de Gobierno.]]

Este grave atentado contra nuestra dignidad no es solo un intento de justificar lo ocurrido. Su difusión pública es una clara incitación a la violencia que pone en riesgo nuestras vidas.

Consideramos que es inmoral pretender ganar el favor popular en las urnas denigrando a los sobrevivientes de un genocidio, incitando a que continúe la violencia contra ellos y burlándose cruelmente de su prolongado sufrimiento. No se puede legitimar el haber asesinado a nuestros familiares. Después de todos los ultrajes sufridos, y de someternos a vivir en la impunidad, ahora se quiere negarnos incluso el derecho a ser reconocidos como víctimas de un exterminio.

Señor Presidente: ¿qué es lo que busca usted con esta nueva arremetida contra nuestra dignidad, nuestro dolor y la memoria de nuestros familiares? ¿Es que acaso tampoco tenemos derecho a que se nos reconozca como víctimas?

Iván Cepeda Castro
Claudia Victoria Girón Ortiz
Familiares de Manuel Cepeda Vargas, asesinado el 9 de agosto de 1994

María Eugenia Guzmán de Antequera
Viuda de José Antequera, asesinado el 3 de marzo de 1989

María Josefa Serna de Gaviria
Viuda de Francisco Gaviria, víctima de “desaparición” forzada el 10 de diciembre de 1987

Reina Pedraza de Posada
Julio César Posada Pedraza
Nelson Posada Pedraza
Iván Posada Pedraza
Fabiola Posada Pedraza
Jairo Posada Pedraza
Familiares de Leonardo Posada Pedraza, asesinado el 30 de agosto de 1986

Marien Quintero de Daza
Viuda de Abelardo Daza, asesinado el 2 de agosto de 1989

Tulia Sofía Vargas de Poveda
Ramiro Alfonso Poveda Vargas
Familiares de Julio Alfonso Poveda, asesinado el 17 de febrero de 1999

Hada Luz García Méndez
Tania Marinela García Méndez
Jenny Paola García Méndez
Hijas de María Mercedes Méndez de García, asesinada el 3 de junio de 1992, y de José Rodrigo García, asesinado el 26 de noviembre de 1992

José del Carmen Castro
Carolina Castro Bueno
Eugenia Castro Bueno
Claudia Castro Bueno
Néstor Morales
Fabio Castro Bueno
Deyanira Daza
Nubia Alonso Castro Bueno
Familiares de Mario Castro Bueno, asesinado el 1 de noviembre de 2002

Clara Isabel Niño de Caicedo
Madre de Pablo Caicedo Niño, víctima de “desaparición” forzada el 19 de noviembre de 1985

Sandra Guevara de Bernal
Viuda de Carlos Salvador Bernal, asesinado el 1 de abril de 2004

Cosuelo Arveláez de Santamaría
Viuda de Gabriel Jaime Santamaría, asesinado el 26 de octubre de 1989

Patricia Gutiérrez de Durango
Viuda de Heliodoro Durango Hernández

Cecilia Vélez de Gónima
Viuda de Carlos Gónima López, asesinado el 22 de febrero de 1988

Fernando Pardo
Hijo de Jaime Pardo Leal, asesinado el 11 de octubre de 1987

Aidé Moreno Ibagué
Viuda de Evaristo Amaya Morales, asesinado el 24 de febrero de 1994, hija de Tránsito Ibagué de Moreno, asesinada el 30 de septiembre de 2000, y hermana de Oswall Moreno Ibagué, asesinado el 3 de septiembre de 2002

1 Álvaro Uribe Vélez, Manifiesto democrático. 100 puntos del programa de Gobierno.

Emplazamiento al Presidente Uribe

Notas