El cabildeo se refiere a las iniciativas de actores privados tendientes a influir en los procesos de formulación de política pública, con el fin de obtener resultados favorables a sus intereses. Tales iniciativas pueden consistir en abordar a tomadores de decisión en sus oficinas, concertar encuentros a puerta cerrada para tratar temas de interés público, enviar “regalos” a funcionarios, o propiciar conversaciones no oficiales con servidores públicos. El cabildeo corporativo de la industria de comestibles ultraprocesados y bebidas azucaradas es realizado por las corporaciones del sector a través de ejecutivos, asociaciones gremiales, grupos fachada o firmas de relaciones públicas, con el fin de interferir, impedir o desnaturalizar políticas que buscan regular sus actividades para garantizar derechos humanos o defender el interés público. Aunque estas prácticas no sean ilegales, ni constituyan delitos, en ocasiones constituyen estrategias poco éticas que obstaculizan la adopción de medidas en pro de los derechos humanos, que enturbian el debate público y debilitan las democracias.
La financiación de campañas electorales por parte de la industria de comestibles ultraprocesados y bebidas azucaradas es una práctica recurrente que genera conflictos de interés en los políticos beneficiarios de dicha financiación. Es usual que durante las campañas electorales, los políticos adquieran compromisos con la defensa de los intereses particulares de la industria a expensas del interés público, como en el caso del etiquetado frontal de advertencia y su impacto en la protección de los derechos humanos a la salud y la alimentación adecuada.
La industria de comestibles ultraprocesados y bebidas azucaradas invierte cuantiosas sumas de dinero en la producción de investigaciones elaboradas por científicos. Este tipo de trabajos pueden ser desarrollados por investigadores individuales o por organizaciones fachada. Su función principal es producir argumentos que en apariencia están respaldados por la ciencia, pero que no cuentan con la evidencia requerida según parámetros rigurosos. Estas investigaciones son a menudo utilizadas por los representantes de la industria para interferir en la formulación de políticas de salud pública o alimentación que afecten sus intereses.
La industria de comestibles ultraprocesados y bebidas azucaradas ha interferido con la formulación de políticas públicas de salud como el etiquetado frontal de advertencia a través de su influencia en los medios de comunicación. Los mecanismos concretos de interferencia tienen que ver con la propiedad directa de los medios (como en Colombia) o a través de la negociación de grandes acuerdos comerciales de pauta y patrocinio. A través de su control sobre los medios de comunicación, la industria puede subir o bajar el perfil de las medidas de salud pública como el etiquetado frontal de advertencia, o puede definir las narrativas públicas que se generan sobre ellas al privilegiar la voz de algunos actores, mientras se excluye a otras voces autorizadas en el debate público.
La industria de comestibles ultraprocesados y bebidas azucaradas ha difundido, a través del cabildeo y de los medios de comunicación, argumentos que exageran los impactos negativos de políticas públicas orientadas a proteger los derechos humanos a la salud y la alimentación, como el etiquetado frontal de advertencia. De este modo generan y posicionan narrativas que advierten sobre la supuesta inconveniencia de estas medidas con el fin de proteger la reputación de sus productos, su posición en el mercado. Estudios independientes realizados por la academia sin conflicto de interés o por organizaciones internacionales en los países donde se ha implementado esta medida, como en Chile, por ejemplo, revelan que su implementación no afecta negativamente los empleos, ni los salarios reales en la industria agroalimentaria.
La industria de comestibles ultraprocesados y bebidas azucaradas ha influido sobre líderes sociales y voceros políticos o comunitarios a través de programas de responsabilidad social empresarial, para que defiendan las marcas o las corporaciones en debates públicos sobre políticas de salud pública y alimentación, o sobre otro tipo de polémicas que puedan afectar su reputación. Tal cooptación enturbia los debates públicos, dado que tales vocerías dejan de actuar como representantes de organizaciones colectivas que defienden el interés público, para actuar como voceras del interés privado.
La industria de comestibles ultraprocesados y de bebidas azucaradas ha adelantado numerosas acciones que se presentan como prácticas altruistas, de filantropía o de ayuda a comunidades, pero cuyo propósito real es ganar aliados en la opinión ocultando el impacto de sus malas prácticas corporativas.
La industria de bebidas azucaradas y comestibles ultraprocesados ha interferido con políticas como el etiquetado frontal de advertencia, desnaturalizando espacios de decisión política locales, nacionales e internacionales, en los que a través de la influencia sostenida sobre distintos tomadores de decisión, logran imponer sus intereses en las discusiones relacionadas con políticas públicas de salud y alimentación que impliquen su regulación. Estos espacios dejan de ser esferas de defensa de lo público, para inclinarse a favor del interés privado. La industria puede capturar los procesos de formulación de política pública, las instituciones reguladoras, las ramas del poder o el Estado de manera más general.
La puerta giratoria implica que antiguos directivos empresariales, representantes de intereses privados, pasan a ocupar posiciones en el Estado, regulando los sectores económicos en los que han tenido un previo interés. Tales funcionarios pueden beneficiar a su red de contactos, cuentan con información privilegiada y tienen conocimiento de los asuntos estratégicos en las discusiones sobre las medidas de salud pública en cuestión. Esta situación genera una amplia asimetría de acceso al poder entre la industria y las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Las “puertas giratorias” son una forma de interferencia de la industria de productos comestibles ultraprocesados y bebidas azucaradas, a través de la cual ha ejercido su influencia en la toma de decisiones sobre medidas orientadas a proteger los derechos a la alimentación adecuada y la salud.
En todos los casos estudiados, la industria de comestibles ultraprocesados y bebidas azucaradas ha recurrido al poder judicial, o a instancias de derecho comercial internacional, para obstruir la implementación de medidas orientadas a proteger los derechos a la alimentación adecuada y a la salud. La industria utiliza el recurso al poder judicial como una forma de persuadir o amenazar a los tomadores de decisión, señalando que los llevarían a los estrados judiciales en caso de que aprueben la medida, o en clave de litigio estratégico para buscar tumbar la norma.
Exigir la protección de los derechos a la salud y a la alimentación adecuada en América Latina ha sido un ejercicio valiente liderado por distintas organizaciones de derechos humanos. La industria de comestibles ultraprocesados y bebidas azucaradas ha recurrido a técnicas de intimidación judicial y de presión contra activistas que promueven medidas como el etiquetado frontal de advertencia. Asimismo, activistas que han promovido otras medidas protectoras de los derechos a la salud y a la alimentación adecuada, como los impuestos a las bebidas azucaradas en México1 y en Colombia2 han recibido amenazas anónimas.
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