Viernes 30 de septiembre de 2011, por Luis Jairo Ramírez - Movice

Las expectativas generadas por el gobierno del Presidente Santos en materia económica y social, a solo trece meses de mandato, están generando fuertes frustraciones en crecientes sectores de la población. Por lo visto, no han valido las maromas de los voceros del establecimiento (El Ministro de Hacienda, Planeación Nacional y el Dane, entre otras) y la apabullante estrategia mediática para maquillar el aparente blindaje de la economía colombiana frente a la crisis capitalista mundial y las mentirosas cifras del crecimiento, el desempleo, los precios de los alimentos y la inflación, entre otras.

En las últimas semanas el país de ha visto sacudido por una oleada de protestas que los propios medios de comunicación no han podido ocultar. Como lo señala una reciente nota de la ENS: “Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en Colombia ocurrió una revolución tan silenciosa que la mayoría de los colombianos ni siquiera fuimos capaces de percibirla: en 8 años, la población que estaba bajo la línea de pobreza pasó del 56% en el 2002, al 37% en el 2010. ¿Cuáles fueron los hechos, económicos y sociales que produjeron tan extraordinario resultado?” Nadie en el gobierno sabe explicarlo, lo único cierto es que una parte importante de la población vive en la desesperanza, en medio de crecientes carencias, sin empleo y sin ingresos; es la verdadera cara de la “Prosperidad democrática”.

Como lo ha reseñado muy bien Alfredo Molano, uno de los focos de la protesta está ubicado en Puerto Gaitan y Barranca de Upia, allí “la Pacific Rubiales Energy, de donde la petrolera saca hoy la cuarta parte de lo que el país produce. Es una empresa poderosa, la niña consentida del Gobierno, que explota con la misma voracidad el petróleo que la mano de obra, por medio de una red infinita de subcontratistas.” La situación en que viven y trabajan es simplemente miserable y agobiante. Por eso ha pasado lo que ha pasado: una protesta justa y airada que exige a las transnacionales el reconocimiento de sus derechos y que ha recibido tratamiento de guerra por parte del gobierno.

El otro escenario de la confrontación social está en las universidades y colegios públicos, allí está en pleno debate la lógica mercantil que pretende imponer el gobierno Santista en su afán de privatizar la educación pública. Algunos estudios financieros indican que los incrementos presupuestales previstos en el proyecto de ley de reforma al sistema de educación superior, sólo permitirían crear 47.000 cupos de los 645.000 que contemplan las metas oficiales. Hoy la cobertura en educación superior es solo del 35%; mientras en los estratos bajos es sólo del 22%. Miles de estudiantiles han desafiado las provocaciones policiales del Esmad y han inundado las calles y plazas para reivindicar el derecho a la educación pública y generar las condiciones hacia un paro nacional universitario.

Se anuncian nuevas protestas y marchas en las próximas semanas para denunciar la calamitosa situación de la salud en el país, el incumplimiento del pago de salarios a médicos y enfermeras en hospitales públicos, la deficiente atención de las EPS a los usuarios. Habrá una movilización nacional hacia Bogotá para reclamar el derecho a la salud.

Al mismo tiempo muchas acciones muestran la desesperación de sectores pisoteados y discriminados, excluidos del sistema y lesionados todos los días por éste, que deambulan sin ninguna esperanza de vida, de trabajo o de educación, que reciben cíclicamente la represión policial como única solución oficial a su demandas sociales.

Un ejemplo de ello fue lo ocurrido el 22 de septiembre pasado en el municipio de Ariguaní, Magdalena; La falta de agua potable fue la causa para que sus 25 mil habitantes se enfrentaran a la policía, destruyeran la Alcaldía, la casa del alcalde y la sede de la Empresa de servicios públicos de la población. En Pasto, Nariño, el gremio de transporte urbano, las cooperativas de taxis y el sector informal de los moto taxistas realizó este 20 de septiembre una movilización que paralizó la ciudad para presionar al gobierno nacional a nivelar los precios del combustibles en Nariño.

La situación de damnificados por el invierno pasado sigue siendo espeluznante. En los Santanderes, Caldas, Tolima, la Costa, especialmente Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba, el problema de las inundaciones sigue sin resolver. La Permanencia de los cambuches de plásticos en que están obligados a hacinarse, las condiciones espantosas de la alimentación, la falta de agua potable, el desempleo absoluto, atestiguan la negligencia del Estado.

Lo que está ocurriendo en el país es el resultado de la voracidad del capital, en su irracional búsqueda de nuevos mercados y fuentes para la elevación desmedida de la ganancia, mientras la mayoría de la población sigue sumida en la pobreza.

Lo que está al orden del día es la concreción de nuevo esfuerzos para integrar el programa reivindicativo y juntar en una sola vertiente los diversos esfuerzos movilizadores en la perspectiva de una gran protesta nacional unitaria y plural, que haga retroceder la arrogancia oficial y presionar verdaderas soluciones sociales. En esa idea el pasado encuentro por la Paz en Barrancabermeja y el próximo Congreso por la Tierra y el Territorio de Cali señalan el camino.

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