Última actualización: 19 de mayo.
6 de agosto de 2014, por
Mientras los territorios de las comunidades sufren problemas de sequía, la empresa gasta cerca de 17 millones de litros de agua al día [1] en su proceso de explotación carbonífera. Entre tanto, cada persona en la Guajira sólo tiene acceso a 0.7 litros de agua al día. Por eso las comunidades exigen que se suspenda la actividad del Cerrejón en esta temporada de sequía y se privilegie el derecho humano al agua.Estas y otras reivindicaciones se socializarán durante las jornadas por la vida que se desarrolla este fin de semana en La Guajira. Amén de la solidaridad que ha generado la crisis ambiental en la región, es necesario que el país le exija al Cerrejón que deje de gastar de manera desmesurada el agua de las comunidades.
25 de julio de 2014, por ,
En el marco de la visita del Presidente de Colombia Juan Manuel Santos en Panamá, la FIDH y el CAJAR hacen un llamado al gobierno de Colombia para que solicite al Estado de Panamá la detención preventiva con fines de extradición de la ex-directora del DAS María del Pilar Hurtado. Es la oportunidad para que los dos presidentes afirmen su voluntad de lucha contra la impunidad y de defensa de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
24 de julio de 2014, por
El proceso de extradición se sigue dilatando de manera inexplicable, y en perjuicio de las víctimas, la justicia y la sociedad colombiana. El presidente Santos tiene el deber como jefe de Estado de contribuir a que María del Pilar Hurtado sea puesta a disposición de la justicia colombiana, de hacer cumplir las reglas del Tratado de Extradición suscrito entre Panamá y Colombia en 1928, y de pedir una rectificación urgente de la decisión de la Interpol para que se haga viable la circular roja que permita su captura.
17 de julio de 2014, por
Llamamos al presidente Juan Manuel Santos, en su condición de Jefe de Estado, a presentar de inmediato una nota formal de protesta y una solicitud para que se reconsidere la decisión tomada por la Interpol. El Presidente de la República debe advertir que esta decisión constituye una afrenta a la administración de justicia en Colombia que actuando con independencia y en garantía del debido proceso, ha investigado y juzga a María del Pilar Hurtado por graves delitos comunes que han lesionado seriamente los derechos humanos de las víctimas, afectado la institucionalidad colombiana y la democracia.
14 de julio de 2014, por
En una jugada sagaz, el gobierno aprovechó este proyecto para revivir la ampliación del fuero penal militar que tumbó la Corte Constitucional el pasado mes de octubre. En esta oportunidad, sin embargo, dicha ampliación tiene de lejos, muchísimo más alcance al establecer que la justicia penal militar entraría a conocer de un amplísimo espectro de delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos,además de todas las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, DIH. El artículo 8 del malhadado proyecto, de manera genérica, establece que serán de competencia de la justicia penal militar los delitos de homicidio, las infracciones al DIH, los delitos contra la población civil, contra la seguridad y existencia del Estado, los delitos contra la protección de la información y los datos, y los delitos contra la fe pública.
10 de julio de 2014, por
Exigimos a los candidatos a Contralor, Edgardo Maya, Carlos Ardila y Gilberto Rondón que depongan sus aspiraciones, den muestren desprendimiento y generosidad dando campo a la renovación y depuración que el país pide a gritos. Es hora de pronunciarnos activamente sobre las propuestas de revocatoria a los magistrados de todas las altas cortes, lo mismo que participar en las decisiones que se vayan a tomar en relación con la reforma a la justicia. Entre tanto, esperamos que las sentencias que anularon los nombramientos se hagan públicas lo más pronto posible y que su cumplimiento se dé sin dilación alguna. La sociedad no entiende cómo decisiones tan trascendentales se demoran tanto para ser dadas a conocer en su integridad y menos por qué se dilatan las notificaciones a los afectados cuando ellos laboran en las mismas oficinas judiciales que las han dictado.
25 de junio de 2014, por ,
La FIDH y el CAJAR denuncian y rechazan el recurso de aclaración interpuesto por la Procuradora General de Panamá, Ana Belfón, contra la decisión del 17 de junio la Corte Suprema de Justicia, que oficializó la inconstitucionalidad del asilo de la ex-Directora del DAS, Maria del Pilar Hurtado.
24 de junio de 2014, por
Se trata de la demanda presentada por la República de las Islas Marshall ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya contra nueve potencias nucleares, acusándolas de violar el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNPN) suscrito en 1968. En esta acción acusa a EE.UU., China, Francia, Reino Unido, Rusia, Israel, la India, Pakistán y Corea del Norte de "violaciones flagrantes" de la legislación internacional. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo saluda esta acción histórica, convoca a rodear al pueblo y al gobierno de las Islas Marshall y exige a las autoridades colombianas, especialmente al jefe de estado electo a pronunciarse sin vacilación en apoyo de esta iniciativa en pro de la paz mundial, como derecho de la humanidad y deber de los gobernantes.
24 de abril de 2014, por ,
Con relación a las noticias sobre contratación de abogados por parte de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, durante el mandato del Alcalde Gustavo Petro, la organizaciones no gubernamentales (ONG) Asociación para la Promoción Social Alternativa – MINGA- y la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –CAJAR-, se permiten declarar ante la opinión pública nacional e internacional:
14 de abril de 2014, por
Hoy la Corte Suprema de Justicia tiene la oportunidad de sentar jurisprudencia sobre límites de la inteligencia estatal en un Estado democrático de derecho. En este sentido, es vital que los interrogatorios que vienen a partir del próximo 22 de abril permitan a las víctimas contextualizar su testimonio, narrar de manera suficiente todos los impactos en su vida familiar, social y laboral por la persecución sufrida. Así la Corte podrá identificar las dimensiones del daño ocasionado para determinar la gravedad del delito y la pena a aplicar. Con fundamento, las víctimas han venido reclamando en varias oportunidades que se deben investigar los delitos de persecución política y tortura que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA
Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"
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