Lunes 28 de octubre de 2013, por
Mediante un comunicado, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, alertó sobre el posible desalojo de varias familias desplazadas, que se asentaron en un predio ubicado en la vereda Pitalito, municipio de Chimichagua, departamento del Cesar, luego de ser sacados del mismo a la fuerza, años atrás, cuya propiedad reclama el empresario palmero Manuel Fernández de Castro del Castillo
Campesinos | Cesar |
El probable desalojo, fue notificado el pasado jueves 24 de octubre, a los representantes de las familias desalojadas, por parte de un funcionario de la Alcaldía del municipio, quien avocó conocimiento de querella presentada por el supuesto dueño del predio, el empresario palmero Fernández de Castro. Dicha acción se realizaría luego de una inspección ocular del predio, aún a pesar que el INCODER haya registrado medida de protección de los predios San Miguel y Pitalito, en virtud de la presunción del despojo de estos terrenos a los mismos campesinos, que hoy la reclaman.
La comunidad de Pitalito fue víctima de desplazamiento forzado desde el 24 de junio de 2010, debido a actos violentos en su contra protagonizados por miembros del Ejército Nacional, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía y un grupo de civiles armados al servicio de Juan Manuel Fernández de Castro, terrateniente y empresario palmero dueño de la empresa Orlandesca y afiliado a la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma).
El 21 de mayo de 2013, la comunidad de Pitalito retornó a la tierra que le había sido despojada y, desde ese entonces, los campesinos, sus abogados y los defensores de derechos humanos que los acompañan han sido sujetos a varias agresiones y presiones, encaminadas a un nuevo desalojo forzoso de la finca Pitalito, donde han vivido por generaciones:
El mismo 21 de mayo, a la 1:40 pm, siete miembros del Ejército Nacional adscritos al Batallón Energético y Vial número 3 ’General Fortul’ de la Brigada Blindada X, al mando del teniente Barajas, rodearon la zona generando temor en la comunidad. Los uniformados, quienes permanecieron en el lugar por espacio de una hora, pretendieron tomar fotografías a las familias asentadas, pero fueron disuadidos por la presencia de acompañantes internacionales.
El 22 de mayo, a las 10:45 am, uno de los trabajadores del sr. Juan Manuel Fernández de Castro recorrió la zona delimitada por la comunidad, tomando fotografías de sus emblemas, pancartas y banderas. Cuando los representantes de las organizaciones nacionales e internacionales presentes allí se acercaron al trabajador preguntando por aquella situación, él manifestó que se trataba de una orden de su “patrón”.
El 23 de mayo, antes de las 7:00 am, llegaron a Pitalito ocho miembros del Ejército Nacional motorizados, quienes se presentaron con actitud agresiva como integrantes del Batallón Energético y Vial número 3 ’General Fortul’. Los militares fueron atendidos de nuevo por integrantes de las organizaciones internacionales presentes, quienes intervinieron para evitar que ingresaran al lugar de asentamiento de la comunidad, delimitado como espacio exclusivo de la población civil. Asimismo los militares señalaron que llegaron allí porque el “Procurador de Paz” les dijo que había recibido una llamada de PBI, en la que le denunciaban que en la zona había presencia de hombres armados “ajenos a ellos”, información completamente falsa.
El 24 de mayo hicieron presencia en Pitalito el inspector de Policía y el Personero del municipio de Chimichagua (Cesar), con el fin de observar el predio. Al parecer, esto se dio en respuesta a una querella presentada por Fernández de Castro.
El 4 de junio, a las 11:10 am, hicieron presencia en la zona dos camionetas del Ejército Nacional, una de ellas sin placas y la otra con la referencia QYA-607, y dos motos en las que se transportaban el personero de Curumaní, Mauricio Ríos; el teniente Héctor Camacho, quien se presentó vestido de civil e identificándose como encargado de derechos humanos de la Brigada Blindada X del Ejército; y la abogada Jenny Hernández, asesora jurídica de la misma unidad militar. Los efectivos del Ejército tomaron fotografías a las familias y a su asentamiento, señalando que estaban verificando denuncias anteriores hechas por la comunidad, mientras la abogada Hernández solicitaba los datos personales de quienes estaban presentes en la reunión para dejarlos consignados en un documento cuyos propósitos y destino aún se desconocen.
El mismo día, a las 4:16 pm, mientras el abogado Leonardo Jaimes se encontraba en el parque de Curumaní, luego de haber realizado diligencias propias de su labor, observó que la camioneta de Fernández de Castro, con placas ELK-472 de Bogotá, transitaba por el lugar y luego retrocedió unos 20 metros para estacionarse por algunos minutos frente al vehículo asignado al esquema de protección del abogado, quien tomó sus placas.
El 12 de junio de 2013, hacia las 9:00 am, varios hombres al servicio de Fernández de Castro se acercaron al asentamiento construido por la comunidad, tomando fotografías a sus integrantes y a las viviendas que han ido construyendo.
El 2 de julio se dio a conocer una denuncia penal presentada por el señor Fernández de Castro contra varios campesinos de la comunidad, entre ellos la profesora y lideresa comunitaria Esther Carmen Martínez, además de los abogados Rommel Durán Castellanos y Gloria Amparo Silva, además del Movice y varias organizaciones y acompañantes internacionales, entre otros el Observatorio Internacional de Paz (IPO) y la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia. Esta acción penal se inicia en contra de la comunidad por los supuestos delitos de ’desplazamiento forzado’ y ’concierto para delinquir’, entre otros, de los que Fernández de Castro dice ser víctima.
El lunes 8 de julio, la comunidad fue notificada de una orden de desalojo en su contra, emitida por el alcalde de Chimichagua, Amauri Villareal Tordecilla. Desde entonces, se vienen conociendo los peligrosos rumores que viene difundiendo el señor Fernández de Castro entre los habitantes de las veredas aledañas en el sentido que su “finca Pitalito, fue tomada por la guerrilla”.
El 29 de septiembre de 2013, los abogados Leonardo Jaimes Marín y Rommel Durán Castellanos, miembros de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (Fcspp) e integrantes del Movice, fueron retenidos arbitrariamente por la Policía y señalados de tener vínculos con la guerrilla, mientras volvían de haber realizado su trabajo de acompañamiento jurídico en apoyo de la comunidad campesina de la finca Pitalito, Cesar.
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Afiliado a la Federación Internacional de Derechos Humanos
y la Organización Mundial contra la Tortura
Estatus Consultivo en la OEA
Nace en Medellín el 1 de julio de 1913 en el seno de una familia de profundas convicciones religiosas y bajo los parámetros de la ideología del partido conservador. Realiza sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde se gradúa de Abogado con una brillante tesis titulada: "Conflictos del trabajo: la huelga"
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